Reformas legales y seguridad jurídica: las claves para reactivar el mercado inmobiliario venezolano

La reactivación del mercado inmobiliario en Venezuela pasa, cada vez con más fuerza, por un punto central: la modernización del marco legal. Así lo planteó Pablo González Travieso, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, durante una entrevista en el programa Al Aire, donde expuso las principales propuestas del gremio para devolver confianza al sector, incentivar la inversión nacional y ampliar la oferta habitacional. La Cámara ha formalizado propuestas ante la Asamblea Nacional y el Ejecutivo para revisar tres instrumentos clave: la Ley de Arrendamiento, la Ley de Estafa Inmobiliaria y la Ley del Deudor Hipotecario.

Para el sector inmobiliario, estas reformas no son simples ajustes normativos. Representan una condición necesaria para que propietarios, constructores, inversionistas, promotores y familias puedan actuar dentro de un entorno más previsible. En un mercado donde la desconfianza jurídica ha limitado la oferta de viviendas en alquiler, frenado nuevos desarrollos y debilitado los mecanismos de financiamiento, el gremio considera que la actualización legal puede convertirse en el punto de partida para una nueva etapa de crecimiento.

La Ley de Arrendamiento: el eje más urgente

Entre las reformas planteadas, la Ley de Arrendamiento aparece como la más urgente. Según González Travieso, el actual esquema ha generado trabas que afectan tanto a propietarios como a inquilinos. Uno de los principales problemas es la lentitud de los procesos administrativos ante la Superintendencia Nacional de Vivienda, que pueden extenderse entre dos y tres años, dificultando la resolución de controversias.

Este retraso tiene un impacto directo en la confianza del mercado. Cuando un propietario percibe que no podrá recuperar su inmueble en un tiempo razonable ante un conflicto, la reacción natural es retirar la propiedad del mercado de alquiler o mantenerla cerrada. En consecuencia, se reduce la oferta disponible y se profundiza el problema habitacional.

Otro punto sensible es la existencia de aproximadamente 20.000 medidas de desalojo paralizadas desde 2015, situación que, de acuerdo con lo señalado por el gremio, ha contribuido a crear un clima de incertidumbre para quienes poseen inmuebles y podrían ofrecerlos en arrendamiento.

La propuesta de la Cámara apunta a restablecer la libertad contractual entre las partes. Esto significa permitir que arrendador y arrendatario acuerden condiciones y precios de manera directa, mientras el Estado mantendría un rol regulador orientado a resolver controversias, no a imponer condiciones rígidas que terminen desincentivando la oferta.

Construcción paralizada y Ley de Estafa Inmobiliaria

La segunda reforma planteada se relaciona con la Ley de Estafa Inmobiliaria. Para la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, el actual marco legal ha generado temor entre promotores y constructores, especialmente en un país donde los proyectos habitacionales enfrentan variables económicas difíciles de prever.

El objetivo de la reforma sería flexibilizar ciertas condiciones para que los constructores puedan volver a producir viviendas. En términos prácticos, esto permitiría reactivar desarrollos paralizados, generar nuevos proyectos y estimular empleos directos e indirectos asociados a la construcción. De acuerdo con lo expuesto por González Travieso, la revisión de esta ley permitiría que los promotores privados retomen la producción de viviendas, con efectos positivos sobre la actividad económica regional.

Este punto resulta especialmente importante porque la construcción de vivienda nueva ha estado limitada durante años. Sin nuevos desarrollos, el mercado depende principalmente del inventario secundario: inmuebles ya existentes que se venden o alquilan. Aunque ese mercado puede sostener cierta actividad, no es suficiente para atender la demanda habitacional de largo plazo ni para dinamizar de forma amplia la economía.

Financiamiento directo y Ley del Deudor Hipotecario

La tercera propuesta se enfoca en la Ley del Deudor Hipotecario. La Cámara plantea que su revisión podría abrir espacio a mecanismos de financiamiento directo entre promotores, propietarios y compradores. Esto permitiría crear alternativas mientras el crédito hipotecario bancario tradicional sigue limitado.

González Travieso fue prudente al referirse al regreso del crédito hipotecario masivo. Según su estimación, su recuperación podría tomar entre tres y cinco años, siempre que existan condiciones macroeconómicas más estables y una recapitalización del sistema bancario.

Mientras tanto, el financiamiento directo podría servir como una solución intermedia. En ese esquema, promotores o propietarios podrían estructurar acuerdos de pago con garantías, posiblemente en moneda dura, aunque este tipo de mecanismos aún formaría parte de las propuestas en evaluación y no de una medida oficial plenamente implementada.

Un sector con potencial de impacto económico

La Cámara Inmobiliaria sostiene que la reactivación del sector construcción e inmobiliario puede tener un impacto relevante en la economía nacional. Durante la entrevista, González Travieso señaló que estas actividades podrían aportar hasta 8% del Producto Interno Bruto, además de activar cadenas de empleo, servicios profesionales, materiales, comercios, remodelaciones y actividades conexas.

El gremio también afirma que existe capital venezolano dispuesto a invertir, siempre que se garanticen condiciones jurídicas adecuadas. En este contexto, la seguridad jurídica no solo beneficia al propietario individual, sino que también funciona como una señal para inversionistas, constructores y fondos interesados en proyectos de mediano y largo plazo.

Viviendas cerradas, oferta habitacional y mercado secundario

Uno de los temas más relevantes del debate es la existencia de viviendas cerradas o paralizadas que podrían incorporarse al mercado. La Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas ha señalado que la reforma de la Ley de Arrendamiento podría ayudar a movilizar cerca de 500.000 viviendas actualmente cerradas por temor a riesgos legales.

Desde la perspectiva del gremio, que estas unidades entren progresivamente al mercado secundario no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad. Más oferta puede ayudar a estabilizar precios, ampliar opciones para las familias y generar mayor dinamismo en operaciones de alquiler y venta.

También se mencionó como positivo el uso de recursos provenientes del sector petrolero para culminar urbanismos pendientes de la Gran Misión Vivienda Venezuela. La finalización de esos proyectos permitiría aumentar la oferta habitacional y contribuir a aliviar parte de la presión existente sobre la vivienda.

Diálogo institucional como próximo paso

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela ha reiterado su disposición a trabajar con las autoridades para avanzar en estas reformas. Según lo reportado, ya existen conversaciones y avances en subcomisiones de la Asamblea Nacional, aunque el gremio espera una convocatoria formal del Ejecutivo para discutir de manera directa los artículos propuestos.

El mensaje central de González Travieso es claro: sin confianza jurídica, el mercado seguirá operando por debajo de su potencial. Pero con reglas claras, libertad contractual, mecanismos de financiamiento y respeto al principio de propiedad privada, el sector inmobiliario podría convertirse en uno de los motores de recuperación económica del país.

En definitiva, la reactivación inmobiliaria no depende únicamente de la demanda. También requiere propietarios dispuestos a alquilar, constructores dispuestos a invertir, compradores con opciones de financiamiento y un marco legal capaz de equilibrar derechos, deberes y garantías. Para la Cámara Inmobiliaria, esa es la ruta para transformar inmuebles cerrados, proyectos paralizados e inversión contenida en una verdadera oportunidad de desarrollo nacional.